El Laicismo, lejos de
constituir una ideología particular contrapuesta a otras, aparece
históricamente como uno de los principios básicos de toda democracia, vinculado
al reconocimiento de la libertad de pensamiento, a la igualdad de los
ciudadanos en derechos y deberes y, por tanto, a la no discriminación por razón
de sus ideas. Su contenido no es otro que el establecimiento de las
condiciones jurídicas, políticas y sociales idóneas para el respeto y
desarrollo pleno de la libertad de conciencia, uno de los pilares fundamentales
de los Derechos Humanos. Implica la separación efectiva entre el Estado
-que representa a toda la ciudadanía- y las confesiones religiosas, cuyos
principios y creencias sólo conciernen al grupo de personas que las comparten.
A fin de salvaguardar el espacio de lo público y común de toda connotación
sectaria, defiende la neutralidad ideológica de las instituciones
públicas -que son de todos- con respecto a cualquier intento de
imposición o apropiación por parte de intereses o ideologías de carácter
particular.
La Escuela es, justamente, una de esas instituciones
públicas donde es preciso observar de forma más escrupulosa el principio de
laicidad o neutralidad por tener como función la satisfacción de un
derecho universal, como es la educación, que atañe al conjunto de los
ciudadanos sin excepción. Como establecen diversas declaraciones y pactos
internacionales, e incluso nuestra propia legislación sobre la materia, los objetivos básicos de la educación persiguen el libre y pleno
desarrollo de la personalidad humana, así como el fortalecimiento del respeto a
los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales. Y ello no es posible si la Escuela Pública no se asienta sobre
la libre formación de la conciencia y el fomento de la actitud crítica. Estos objetivos resultan por completo inalcanzables mientras los
Poderes Públicos sigan sometiéndose a los dictados de los Acuerdos con la Santa
Sede y de una obsoleta Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que vulneran
principios democráticos elementales. Frente a la
invocación de cualquier otro interés particular, incluso de los propios padres,
la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 afirma que siempre ha de
prevalecer “el
interés superior del niño”, explicitando en la posterior Convención
de 1989 que los Estados “respetarán
el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”,
obviamente conculcado cuando, sin tener desarrollada su autonomía, se ve
sometido a un adoctrinamiento religioso o de cualquier otra naturaleza.
De acuerdo con los fines que le son propios, la Escuela ha de educar sin dogmas, en conocimientos
científicos y universales, en valores humanistas y cívicos, en el respeto a los
derechos humanos, en la asunción de la diferencia y de la diversidad, sobre la
base de la igualdad en dignidad y derechos, en los principios éticos y democráticos
que son comunes.
Los centros escolares no deben ser, en ningún momento, un
lugar de exclusión y discriminación. Niños y niñas no deben ser separados en
función de las creencias o convicciones de sus familias. En consecuencia, la religión, en sus formas confesionales, debe
salir del currículo y del ámbito escolar, con el fin de respetar los derechos
de toda la comunidad educativa y para que no se interrumpa el normal
funcionamiento de la organización de los centros educativos.
Una apuesta decidida por la Escuela Pública, Gratuita,
Democrática y Laica, por parte de la sociedad y
de los poderes públicos, es una garantía
para avanzar hacia un modelo educativo integral, compensador de desigualdades y
que eduque para la convivencia, dentro de un proyecto común de ciudadanía,
inclusivo y no segregador.
Estos principios, que formaron
parte sustantiva de la lucha por la democracia en nuestro país, nunca se han plasmado por entero ni en las leyes educativas ni en el
funcionamiento de los centros escolares, debido a la pesada herencia
confesional que ningún gobierno ha querido revertir. El mantenimiento de situaciones contrarias a una sociedad cada
vez más secularizada y consciente de sus derechos democráticos, se ve agravado hoy día con una política dirigida a dar mayores satisfacciones a los sectores clericales,
empeñados en preservar e incluso aumentar los
privilegios de la Iglesia, incluida su ancestral injerencia en las
instituciones públicas, que pretende seguir utilizando como espacio abierto al
proselitismo y al adoctrinamiento.
En momentos como los que vivimos, cuando se ponen en cuestión
conquistas democráticas y sociales hace tiempo asentadas en la conciencia
ciudadana, es aún más necesario, si cabe, hacer frente a las medidas de
intimidación, acoso ideológico y descarada involución que no dejan de
prodigarse. En el terreno de la enseñanza, los profundos ataques a la Escuela Pública y a los recursos imprescindibles para mantener su
calidad, vienen acompañados de una regresión en todas las condiciones que
deben prefigurar cualquier proyecto educativo democrático. La nueva orientación que se quiere dar a “Educación para la
Ciudadanía” es sólo un ejemplo del sesgo reaccionario que puede extenderse al
conjunto de la enseñanza.
Hacer dejación de nuestro compromiso democrático contribuiría a
dejar vía libre a nuevas y mayores agresiones. Por eso, es preciso armarse de razones y no ceder en la defensa de los
principios que nos constituyen como ciudadanos en igualdad de derechos.
Flaco servicio hacen a esa aspiración a la igualdad en el terreno
de la educación quienes tratan de mezclar la defensa de la enseñanza pública
con la financiada con fondos públicos (la privada concertada, confesional y
discriminadora, orientada al adoctrinamiento dogmático) o aducen razones
laborales para mantener a los catequistas designados por los obispos para
impartir religión en los centros públicos y las subvenciones a los centros
concertados.
Una sociedad secularizada y democrática no debe permitir la
regresión al pasado de un Estado
confesional católico y, por lo tanto, la pervivencia de una enseñanza sometida al dogmatismo religioso. Los poderes públicos no tienen legitimidad alguna para propiciar
la implantación de unas u otras opciones religiosas o ideológicas, por su
carácter personal, en el espacio común e institucional de la Escuela. Y menos, seguir parapetándose en unos Acuerdos pactados con el Vaticano (la Santa Sede), que anulan
derechos fundamentales como la libertad de conciencia de las personas, hecho
más grave cuando se trata de edades tempranas.
La reafirmación en nuestra lucha por una Escuela Pública y
Laica, que garantice el derecho universal e igual a la educación, en el respeto
estricto a los principios democráticos, nos lleva a actualizar la campaña
desarrollada a lo largo de varios cursos atrás.
En defensa del laicismo en el marco escolar y bajo el lema
¡Religión fuera de la Escuela!