A. RUBIERA - LA NUEVA ESPAÑA
No tuvieron dolores del parto ni piernas hinchadas, pero sufrieron a base de ojeras y cansancio su decisión de ser padres de mellizos por subrogación (a través de un «vientre de alquiler» de una mujer americana), lo que les llevó a seguir su embarazo, puntualmente y pletóricos de emoción, a base de videoconferencias a altas horas de la madrugada. Esa fue la menor de las incomodidades a las que hicieron frente José y Juan, un matrimonio homosexual -José es asturiano de nacimiento, crianza y familia- que ha hecho historia. Porque su acción sienta precedentes para toda la comunidad gay, al conseguir que la Dirección General de los Registros y del Notariado diera finalmente el visto bueno a la inscripción en el Registro Civil nacional de los dos niños como hijos de ambos varones «por nacimiento». Algo que ya les habían reconocido previamente las autoridades americanas y que, paradójicamente, estaba admitido en España para las lesbianas, pero no para las parejas gays. «Sólo hemos peleado contra un atropello con aspectos anticonstitucionales; ojalá más gente se beneficie», dice José, nombre ficticio con el que preserva la intimidad de unos hijos «que nunca serán un negocio». Tres meses después de aprobarse en España el matrimonio entre personas del mismo sexo, en octubre de 2005, Juan y José decidieron que sus nueve años de convivencia bien merecían un certificado matrimonial. «Nos casamos -explica José- pese a que sabíamos que ello reduciría nuestras posibilidades de ser padres por adopción internacional, porque muchos países permiten la adopción de solteros pero nunca de matrimonios homosexuales, a pesar de la seguridad jurídica y económica que eso da al niño. Lo hicimos, igualmente, por dos motivos: por sinceridad con nosotros mismos, y por el miedo a que el recurso de inconstitucionalidad contra el matrimonio homosexual por el PP prosperase o, peor aún, que ganase el gobierno de la siguiente legislatura y derogasen todo, como prometían». Gijonés de nacimiento, aunque afincado en Valencia, en el libro de familia a él le tocó poner su nombre en la casilla reservada a la mujer. «Soy doña José, porque por entonces no se había cambiado a la fórmula genérica de "cónyuges". Siempre pensé que cuando pudiera inscribir a mis hijos en ese libro de familia pediría que corrigieran también el «doña»», relata en conversación con LA NUEVA ESPAÑA. Ese libro de familia que siempre esperó a cambiar -ya está en ello- es el que ha generado un quebradero de cabeza con visos de conflicto internacional a los felices padres biológicos de unos mellizos, resultado de esa gestación por «vientre de alquiler» que en EE UU está perfectamente regulada por ley, pero no así en España, donde se considera ilegal. Tan regulada como que antes de permitirles beneficiarse de un contrato de alquiler de útero las autoridades americanas les obligaron a «pasar una evaluación psicológica, médica, económica y acreditar que no teníamos antecedentes penales», cuenta. También pasaron por la Corte de California -con sus hijos aún en desarrollo fetal- donde se les proclamó en un juicio de parentalidad «padres en útero», de ahí que en el certificado americano de nacimiento de sus niños sólo ellos consten como progenitores, sin ninguna referencia a la madre de alquiler. Mientras eso sucedía a un lado del Atlántico, en España su realidad era diametralmente opuesta. «Cumpliendo con la normativa americana, llegó un momento en que necesitamos hacer testamento en favor de los niños que iban a nacer, para evitar cualquier tipo de complicaciones en caso de que, por ejemplo, mi esposo y yo pudiéramos morir súbitamente. Fuimos a un notario para declarar a los niños herederos universales y a mi padre su albacea. Literalmente nos echó del despacho porque "por ley divina" nosotros jamás podríamos ser padres», recuerda. Frente a quienes les tachan de bordear la legalidad, incluso de cometer «fraude de ley» para ser padres -entre ellos el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo-, ellos lo tienen muy claro, lo mismo que algunos de los expertos jurídicos en la materia, como el catedrático Alfonso Luis Calvo Caravaca. «Es como decir que quien conduce a 180 kilómetros/hora por una autopista alemana con coche de matrícula española comete fraude de ley, porque se cambió de país para ir a una velocidad que aquí no se permite. ¿Cometieron fraude las españolas que viajaban a Londres a abortar, antes de la despenalización? No conozco que ninguna fuera juzgada por ello. Pues lo mismo nosotros», expone el gijonés. Con la misma claridad sostiene que «no teníamos ningún interés en que los hijos fueran de nuestra sangre, pero la adopción por parte de parejas homosexuales es casi inviable en España, y más en comunidades como la valenciana. No se te niega, pero te ponen zancadillas, retrasos, expedientes que se pierden... hasta que sucumbes», relata; y lo dice por experiencia propia. Los niños nacieron en octubre en una clínica de San Diego, California, en la que Juan y José llegaron a compartir médico e incluso abogado con el cantante puertoriqueño Ricky Martin, también padre por subrogación. El alumbramiento por cesárea de los mellizos -José lo vivió en directo- ocurrió el día 24 de octubre y durante cinco meses y medio las autoridades españolas no autorizaron la inscripción de los dos bebés en el Registro Civil nacional. El consulado en Los Ángeles, cuyo titular es Inocencio Ares, fue la primera barrera infranqueable, basándose en que no se contemplaba la posibilidad de asentar en los libros de registro españoles una relación paterno-filial conseguida por una gestación que es ilegal en España. Sin la inscripción en el Registro Civil del consulado como hijos de ciudadanos españoles, a los niños se les denegaba también el pasaporte español y hasta la nacionalidad. Pero Juan y José estaban preparados para la pelea; de hecho, durante meses se habían preparado para ella. «Nos leímos toda la bibliografía legal al respecto y con la orientación fundamental y totalmente desinteresada de un profesor de la Universidad de Murcia, Javier Carrascosa González, al que ni siquiera conocemos, y el aliento del senador Juan Andrés Perelló, teníamos claro que podíamos seguir hasta el final. Y lo hubiera hecho, si llega a ser necesario, hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo». «El interés superior del menor» fue el argumento final por el que la Dirección General de los Registros asume la inscripción de los mellizos como hijos de José y de Juan. Ellos aseguran que también pesó el «grave conflicto internacional» que generaría que España negara validez a una certificación oficial americana. Sea como fuere, ya hay menos fronteras para los padres homosexuales.
